El pasado jueves 11 de marzo la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por el equipo de abogados de la diputada Emilia Nuyado junto a educadores y educadoras tradicionales de la Provincia de Osorno, firmado por Catalina Panguinamun, Pdta de la asociación Tayen Kuifi Nemel de la Provincia de Osorno; y las representantes Viviana Romero y Carmen Jaramillo Gualaman, ambas representantes regionales, apoyadas por organizaciones y autoridades ancestrales del territorio mapuche huilliche.
Dicho recurso está interpuesto contra el Presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República por el decreto Nº97 publicado el 9 de febrero del 2021 en el diario oficial, y que señalan, fue una decisión que no fue consultada ni planteada, ni tampoco se asemeja con las propuestas del mismo gobierno en la consulta entre los años 2018 y 2019 para aprobar las bases curriculares de la asignatura “lengua y cultura indígena”, siendo esta una decisión arbitraria y que retrocede el poco avance en derechos lingüísticos que han tenido desde el año 2009.
Ante esta grave situación las representantes recurrieron al apoyo de la diputada Emilia Nuyado para plantear su inquietud, resolviendo en dicho recurso de protección, sumándose otros cinco recursos en el mismo formato, que fueron ingresados desde otros territorios.
“Este recurso fue con la ayuda de la diputada Emilia Nuyado junto a sus abogados para poder levantar este documento”, señaló la educadora catalina Panguinamun, Presidenta de la Asociación Kuifi Nemel.
De la misma manera, Carmen Jaramillo Gualaman, una de las representantes regionales de las y los educadores tradicionales, señaló que creen que es una arremetida del gobierno contra los Pueblos Originarios solicitando así su derogación, debido a que incumple con la verdad y es una demanda del territorio mapuche huilliche desde 1936.
El decreto Nº97 del Mineduc deroga el decreto Nº280 y la obligatoriedad de los establecimientos de impartir la asignatura, incluso en aquellos colegios cuyas matrículas sobrepasen el 20% de alumnos con ascendencia indígena, siendo la principal molestia de las y los educadores tradicionales por la vulneración a los derechos lingüísticos y educativos que esta decisión reviste.
Actualmente en el país existen seis recursos de protección que fueron patrocinados por la provincia de Osorno para exigir la derogación de dicho decreto, los que fueron asistidos por la oficina de la diputada Emilia Nuyado y que busca la justicia tras décadas de despojo y discriminación cultural.