En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización total de $50.000.000 a los hermanos de Valentín Cárdenas Arriagada, por concepto de daño moral.
La resolución judicial ratifica la responsabilidad del Estado por la detención ilegal y posterior desaparición forzada de la víctima, ocurrida en octubre de 1973 en la Región de Los Ríos, en el contexto de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Según los antecedentes de la causa, el día 3 de octubre de 1973, funcionarios de Carabineros de Río Bueno y del Retén El Salto de Pilmaiquén se trasladaron hasta el sector rural de Mantilhue, donde procedieron a detener sin causa legal a varios campesinos del lugar: Alfredo Segundo y Eduardo Pacheco Molina, Juan Segundo Mancilla Delgado, Teobaldo José Paillacheo Catalán y Valentín Cárdenas Arriagada.
Estas personas fueron subidas a un camión de la empresa Endesa, trasladadas al Retén Salto del Pilmaiquén y encerradas ilegalmente. Posteriormente, los detenidos —ya amarrados— fueron llevados junto a Enrique González Angulo, también arrestado previamente por los mismos carabineros, a un lugar indeterminado, sin que hasta la fecha se haya conocido su paradero o se hayan encontrado sus restos. La sentencia indica que se presume su ejecución por parte del personal policial.
Valentín Cárdenas Arriagada, de 29 años, era obrero agrícola, dirigente sindical y militante del Partido Comunista. Su desaparición forzada constituye un grave crimen de lesa humanidad y, como tal, es imprescriptible, tanto en su dimensión penal como civil.
El máximo tribunal del país consideró que, dadas las circunstancias del caso y el sufrimiento causado a los familiares, corresponde al Estado responder patrimonialmente por el daño moral infringido a sus hermanos, reafirmando el deber de reparar a las víctimas del terrorismo de Estado.
Este nuevo fallo se suma a una serie de sentencias que buscan reconocer la verdad y la justicia para quienes fueron víctimas de la represión durante el régimen militar, así como fortalecer la memoria histórica y los principios de no repetición.