Vecinos de San Juan de la Costa apelan fallo que desestimó demanda contra Grupo Saesa

ste martes, vecinos y dirigentes del sector norte de la comuna de San Juan de la Costa, acompañados por autoridades comunales y parlamentarias, asistieron a la Corte de Apelaciones de Valdivia para interponer un recurso contra la sentencia de primera instancia del Primer Juzgado Civil de Osorno. La acción busca revertir el fallo que no admitió la demanda colectiva contra el Grupo Saesa, argumentando que no se cumplió con el número mínimo de usuarios afectados.

Según explicó el abogado representante de los vecinos, Ricardo Figueroa, los alegatos presentados enfatizan la cantidad de consumidores perjudicados, la cual asciende a cincuenta familias.

Además, el abogado recalcó los múltiples inconvenientes en el servicio entregado por la empresa Saesa, defendiendo que todos los consumidores involucrados son usuarios de dicho grupo eléctrico.

Ricardo Figueroa también destacó que, debido a las condiciones geográficas de San Juan de la Costa, reunir los antecedentes requirió un esfuerzo adicional por parte de los dirigentes, por lo que haber identificado a cincuenta afectados representa un dato clave en la apelación.

Por su parte, el presidente del Consejo de Comunidades Mapuche Huilliche de San Juan de la Costa Norte, Sandro Acum Bravo, señaló que buscan  revertir la sentencia y que se apliquen las sanciones correspondientes al Grupo Saesa por los daños causados a la comunidad debido a los cortes de electricidad.

El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, indicó que el municipio seguirá respaldando a los vecinos afectados, dado que existe una evidente negligencia por parte de la empresa eléctrica.

Asimismo, la diputada del Distrito 25, Emilia Nuyado, manifestó que las empresas deben garantizar un servicio continuo a los usuarios que pagan por él.

La parlamentaria, también enfatizó que los dirigentes y vecinos han enfrentado un desafío significativo para llevar adelante esta demanda, y subrayó la importancia de analizar legalmente la regulación de los servicios básicos, asegurando que estos beneficien a los afectados y no solo a los grandes grupos económicos.