Como desafortunadas calificó el diputado por el distrito 25, Daniel Lilayu, las declaraciones vertidas por la actual delegada provincial de Osorno, Claudia Pailalef, en las que acusó de no poder configurar su equipo de confianza.
Lilayu manifestó que lo primero sería que la delegada provincial explique a que equipo de confianza se refiere, haciendo además hincapié en que las reparticiones públicas deben necesariamente tener continuidad en sus gestiones, para poder entregar el servicio que la comunidad requiere de ellas, como es el caso de la delegación provincial de Osorno.
El diputado dijo que los cargos de confianza son reducidos, y se entiende que son parte de lo que se necesita para la confianza política como parte del desarrollo de la labor que debe realizar la nueva delegada, no obstante, no se puede pretender que cada vez que cambie un gobierno, se desmantele por la vía del despido a toda una repartición pública como es la delegación provincial y por ende, tengan que quedar cesantes todos los funcionarios, algunos de ellos llevando décadas en el ejercicio de sus funciones.
El parlamentario además recordó que como ex gobernador, al asumir dicho puesto comenzó su labor con los equipos ya existentes, argumentando que depende de la capacidad de liderazgo de cada autoridad como lidera dichos equipos. Señalando que obviamente, tendrán que haber cargos de confianza de la delegada para ejercer bien su trabajo político, pero no se puede pensar en despedir a todos los funcionarios, argumentando que son cargos de confianza política, esto es inaceptable.
Reproductor de audioCabe recordar, que cuando asumió el Sr Lilayú la gobernación de Osorno, fuer acusado de despedir distintos funcionarios por no pertenecer a su tienda política, incluía una funcionaria embarazada.
Finalmente, a comienzos de 2019, el Tribunal de Letras de Osorno, por resolución del Juez Joshua Martínez, concluyó que las ex funcionarias Pamela Alejandra Carrasco Muñoz y Carolina Edith Gatica Vargas, fueron despedidas de la Gobernación Provincial «con vulneración de las garantías constitucionales de no discriminación y derecho a la igualdad», según determinó el tribunal.
Finalmente, el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno ordenó al fisco indemnizar con millonarias sumas, a funcionarias despedidas de la gobernación provincial por razones políticas bajo la administración de Daniel Lilayu.