Paro indefinido de trabajadores de la CAJ cumple un mes sin avances con el Ministerio de Justicia

Esta semana se cumplió un mes desde el inicio del paro indefinido que llevan adelante las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) en todo el país, movilización que busca visibilizar una serie de demandas que no han sido atendidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Pese a diversas tratativas con autoridades de la cartera que encabeza el ministro Jaime Gajardo, desde la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), que agrupa a más de 3.000 funcionarios y funcionarias desde Arica a Punta Arenas, lamentan la falta de avances concretos en las negociaciones y critican la postura del ministerio.

Desde la región de Los Lagos, su dirigente regional y nacional, Luis Oyarzún, detalla las demandas del gremio ante el incumplimiento del acuerdo firmado con las autoridades de justicia.

Oyarzún, agrega que la piedra de tope en la negociación con el Ministerio tiene que ver con el acercamiento de brechas remuneracionales que ocurren en la corporación sobre todo en las y los funcionarios profesionales.

El dirigente finaliza indicando que dentro de otros puntos de negociación existen casos como la falta de profesionales en algunas áreas o la sobre carga de trabajo en el caso de programas especiales que atienden a niñas, niños y adolescentes, donde la triada de profesionales no alcanzan a cubrir la demanda solicitada.

Entre las principales demandas del gremio se encuentran la sobrecarga laboral, el deterioro en la salud mental del personal, la falta de infraestructura adecuada y el incumplimiento de un protocolo de homologación de remuneraciones firmado en 2023. A ello se suma la preocupación por la calidad del servicio que entregan a sectores vulnerables del país, quienes dependen de esta atención jurídica gratuita.

Durante este mes de paralización se han realizado marchas y jornadas de protesta a nivel nacional, incluyendo los llamados “Apagones Judiciales”, donde no se atendieron usuarios ni se tramitaron causas judiciales, afectando directamente el acceso a la justicia para miles de personas.