Este martes 6 de mayo, desde el Palacio de La Moneda, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregó su informe final al Presidente Gabriel Boric. Esta instancia, conformada de forma transversal en junio de 2023, fue mandatada para proponer soluciones de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El documento fue respaldado por siete de los ocho comisionados.
El acto contó con la presencia de ministros del Interior, Hacienda, Desarrollo Social, Agricultura y Segpres, además de exautoridades y representantes de pueblos originarios. Entre ellos estuvo la diputada Emilia Nuyado, quien destacó lo complejo que fue iniciar este proceso de diálogo y señaló que incluso los representantes indígenas debieron ceder para sentarse a conversar, considerando la carga histórica del conflicto.
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La parlamentaria enfatizó que quienes hoy están privados de libertad lo están en muchos casos por no haber encontrado una vía institucional para sus demandas, y que los hechos de violencia deben entenderse en ese contexto. Por ello, valoró que finalmente se haya podido instalar un espacio para avanzar hacia soluciones reales.
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La diputada también subrayó el compromiso de Estado demostrado por quienes participaron en la comisión, incluyendo a quienes se enfrentaron a críticas internas, y fue crítica con sectores que han descalificado el informe, recordando que el texto fue construido de forma seria y técnica.
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Finalmente, Emilia Nuyado hizo un llamado a los partidos políticos y a los presidenciables, mencionando directamente a Evelyn Matthei, a informarse antes de emitir juicios. Dijo que negar este esfuerzo es desconocer el sufrimiento del pueblo mapuche y que lo que se busca es construir una salida pacífica y justa.
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El informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, entregado al Presidente Gabriel Boric, contiene 21 recomendaciones divididas en cinco ejes fundamentales: justicia y reconocimiento, reparación a las víctimas, tierras, desarrollo territorial y garantías de implementación. Entre los puntos centrales se propone el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su representación política, el respeto a sus formas de organización, y la creación de un órgano de alto nivel que coordine las políticas indígenas, junto con mecanismos de consulta y participación efectiva.
En materia de reparación, el informe plantea una ley especial, un organismo dedicado y herramientas concretas para víctimas de la violencia. En el ámbito territorial, se proponen medidas para la restitución de tierras, la creación de una agencia de reparación, ajustes legales y criterios claros para su ejecución. También se promueve el desarrollo económico en las regiones afectadas y se establecen garantías para implementar las recomendaciones, incluyendo financiamiento y acompañamiento técnico.