El conflicto laboral que mantenía movilizados a los gremios de Gendarmería en todo el país concluyó en la madrugada de este viernes 22 de noviembre tras un acuerdo liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este entendimiento incluye mejoras laborales significativas para el personal uniformado, particularmente para la planta II de suboficiales y gendarmes.
Entre los puntos destacados del acuerdo, se anunció la concreción de 3.900 ascensos efectivos desde el 1 de marzo de 2025. Asimismo, se implementará una bonificación por incentivo al retiro para 300 cupos en un plazo de tres años, medida que requerirá tramitación legislativa durante el próximo año.
Sin embargo, desde Osorno, los gremios han manifestado que este acuerdo, aunque positivo, no soluciona de raíz los problemas estructurales de los funcionarios penitenciarios. Manuel Vonder-Hunt, dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG), advirtió que estas medidas son solo un alivio parcial frente a las dificultades diarias que enfrenta el personal.
Rodrigo Sepúlveda, secretario de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, también expresó su descontento, señalando que la falta de recursos destinados a Gendarmería afecta directamente su capacidad para cumplir con su misión de reinserción social.
El dirigente expresó que las autoridades precisamente del Ministerio de Justicia no se hacen responsable de las reales necesidades de la institución, pues no existe una inyección de recursos importante para el buen desempeño de Gendarmería.
Por su parte, René Henríquez, representante del Frente de Trabajadores del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, destacó las condiciones alarmantes en la unidad local. Según explicó, desde 2020 se han registrado nueve fugas, lo que refleja la urgente necesidad de reforzar la seguridad y la tecnovigilancia, además de mejorar la infraestructura y aumentar el número de funcionarios en al menos 26 personas.
Henríquez enfatizó que las demandas de los trabajadores de Osorno han sido ignoradas durante cuatro años, manteniéndose el centro en un estado crítico que afecta tanto a los internos como al personal. Por ello, la unidad penitenciaria de Osorno sigue en movilización, exigiendo soluciones inmediatas que garanticen condiciones dignas de trabajo y seguridad.
Este acuerdo nacional representa un paso adelante, pero deja en evidencia que las problemáticas locales requieren atención urgente y medidas concretas.