En dictadura, a un grupo de familias que eran parte de la Cooperativa Rupanco, les expropiaron 47 mil hectáreas asignadas durante la Reforma Agraria. La Cooperativa Rupanco que fue beneficiada con 47.337 hectáreas en 1970 durante la Reforma Agraria, la cual se llevó a cabo en Chile entre 1962 y 1973. A partir de ahí, cada uno de los 850 socios ocupó una hectárea para vivir y del resto del predio obtuvieron ganancias a través del trabajo agrícola. Producían entre 45 y 50 mil quintales de trigo al mes, además de otros productos como avena, cebada, remolacha, madera, y productos elaborados a partir de animales.
En 1977, durante la dictadura militar, la agrupación fue disuelta por la dictadura militar bajo el argumento de mala administración financiera. Quienes tenían el poder en ese entonces, nombraron a tres interventores y los rupanquinos dejaron de ser dueños del campo. A partir de ahí, los derechos fueron entregados a la Conaf para que explotara el predio, que luego en 1979 fue vendido a la corporación Cabildo y que desde 2008 pertenece a la empresa Manuka, que rebautizo el fundo, actualmente conocido como Hacienda Coihueco.
Descendientes y ex integrantes de la Cooperativa, se mantienen desde hace dos semanas ocupando de forma pacífica el ingreso a la Hacienda Rupanco, llamando la atención para que se le restituyan sus derechos.
Así lo explicó una de las voceras del movimiento, Maria Angelica Martínez.
De las 850 familias que originalmente componían la Cooperativa Rupanco la mayoría fueron desalojados, Algunos perdieron procesos judiciales y se fueron a vivir lejos, otros aceptaron una negociación para que dejaran la hacienda y otros, debido al paso del tiempo, murieron.
Pero ahora, este grupo, cansado de promesas de autoridades e instituciones, decidió volver a luchar contra lo que consideran una injusticia y atropello, porque en los últimos cinco años no han avanzado nada.
El grupo tiene la asesoría de un abogado, y esperan la solidaridad de la comunidad, porque es una causa conocida en la región, que se arrastra por casi 50 años.
Los afectados esperan reunirse con las nuevas autoridades que asumen esta semana, porque sienten que hay una responsabilidad del Estado en la situación que están viviendo. También está el caso de la empresa Neozelandesa MANUKA, que adquirió el predio, conociendo el conflicto que arrastraba.
Las entrevistas con la empresa no han tenido avance, explicó María Angélica Martínez.