Como el «Manifiesto de Huillinco» fue denominado un documento que fue presentado el viernes 7 de julio por comunidades y vecinos de las localidades de Huillinco, Forrahue y Pichilcura, a la Delegada Presidencial Provincial Claudia Pailalef, junto a representantes de servicios públicos como Indap, SAG, Conaf, Servicio Salud Osorno, Conadi, Autoridad Sanitaria, Superintendencia de Medio Ambiente, entre otros.
El objetivo es solicitar su intervención que permita terminar con la aplicación de agrotóxicos por parte de empresas agroalimentarias y forestales, las que contaminan el aire, la tierra y las aguas, generando pérdidas en la salud de integridad de las familias rurales, daños en producciones y animales de crianza, la biodiversidad del entorno, humedales, vertientes y cursos de agua superficiales.
Rodolfo Balbontín, representante de las organizaciones de base los sectores Forrahue, Huillinco, Pichilcura, Pucoihue y alrededores, indicó que tanto las forestales y la agroindustria están provocando daños a la salud de los vecinos, a causa del uso de productos de fumigación.
El Dirigente enfatizó que el objetivo de las organizaciones es conseguir que la normativa prohíba definitivamente el uso de los carbamatos y los glifosatos y otros agrotóxicos, los cuales están restringidos en otros lugares del mundo.
Los vecinos enfatizaron en que el estado debe hacerse responsable de lo que está sucediendo, principalmente aumentando las fiscalizaciones, cambiando decretos y cambios urgentes para resguardar la salud de los vecinos y el cuidado del medioambiente, como lo explicó Víctor Peralta, representante de la Agrupación Territorial Ambiental de Osorno.
Del mismo modo, el Concejal de San Juan de la Costa, Marcelo Cheuquian señaló que las instituciones públicas deben comenzar a cumplir con su trabajo como están mandatadas, para mantener el buen vivir de la comunidad.
Además el edil, enfatizó que ha existido negligencia política y técnica en cuanto a las situaciones que afectan a la ciudadanía, en las cuales no se han tomado las medidas necesarias para descentralizar las regulaciones legales.
El concejal Cheuquian indicó que lo comentado durante la reunión será comunicado a los dirigentes de base, principalmente del sector Kunko, el cual se ve amenazado constantemente.
Olga Jimena Gallardo, presidenta del Centro de Padres de la Escuela de Forrahue, denunció que los predios forestales limitan a cuatro metros de la escuela, y que es allí donde fumigan y realizan sus prácticas de mantenimiento, con el correspondiente riesgo para la comunidad escolar.
La dirigenta realizó una comparación acerca de cómo ha cambiado la situación en el sector desde que se instalaron las empresas externas, empobreciendo la vida de la comunidad y afectando la sustentabilidad de sus tierras y calidad de vida.
Por su parte, el presidente de la comunidad Forrahue, Erwin Arriagada, comparó la situación como un genocidio con otros métodos, recordando la matanza ocurrida en el sector el año 1912.
El presidente de la Junta de Vecinos indicó que los problemas se han amplificado en los últimos años, con la llegada de nuevos emprendimientos agroindustriales, y familias que han llegado a vivir en el territorio, limitando más las necesidades de agua potable y otros servicios.
Por su parte, el director provincial de Conaf, Richard Hueitra, expresó que la fiscalización de productos químicos en la industria forestal, y su fumigación por aviones, entre otras prácticas no es posible, porque no está regulada ni existen protocolos establecidos en la legislación vigente.
Sólo un cambio en las leyes, o decretar procedimientos al respecto, que puedan ser obligatorios tanto para productores o vecinos de áreas productivas, permitiría aliviar en parte la situación. El Decreto 701, que regula la actividad forestal no ha sido actualizado ni reformado esencialmente desde su dictación.
Richard piensa que se debe establecer un cambio cultural, para que los temas que resultan peligrosos para terceros, fluyan naturalmente y la información se distribuya en la población para asumir los peligros para los ecosistemas y las personas.
La Diputada representante del Distrito 25, Emilia Nuyado, indicó que a las comunidades rurales les ha tocado sufrir contaminación y afectaciones de salud a causa de las fumigaciones, lo que refiere un constante estado de abandono.
Las personas que convocaron a las autoridades a este encuentro, exigieron que el Estado prohíba la utilización de productos altamente tóxicos casi sin fiscalización alguna, lo que se debe estudiar y avanzar para establecer una normativa que asegure la seguridad de las personas, aseveró la Diputada.
La Diputada Nuyado, señaló que existe un vacío por parte de las autoridades, pues no existe una articulación interna para contribuir a las familias de diversos territorios.
La parlamentaria criticó la función de algunas instituciones como el Servicio Agrícola y Ganadero, pues no es posible el modo en el que se actúa frente a un proceso de fumigación.
Por último la Delegada Presidencial Provincial, Claudia Pailalef indicó que como Gobierno se tomará cuenta acerca de los vacíos que existen en los procesos administrativos que tratan esta materia.
Se acordó formar una mesa de trabajo intersectorial, para incidir de un punto de vista administrativo y legislativo, para que las actividades que se realizan en el territorio cuenten con respeto hacia el medioambiente.