Durante la madrugada de hoy, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Macrozona Sur, a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), llevaron a cabo un operativo en las comunas de Osorno y San Juan de la Costa. Este procedimiento forma parte de una serie de investigaciones vinculadas a delitos de asociación ilícita, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, amenazas, sustracción de madera, homicidio frustrado y maltrato de obra a Carabineros.
La operación fue coordinada con el Ministerio Público y permitió avances significativos en el esclarecimiento de estos delitos que afectan la seguridad de la región sur del país. Según indicó el Subprefecto Claudio Sepúlveda, de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI, el procedimiento permitió la detención de un individuo en flagrancia, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para su formalización.
Por su parte, la Fiscal Jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, detalló que durante el operativo se realizaron allanamientos en varios domicilios y predios ubicados en los sectores de Purrehuín Alto y Loma de la Piedra. Como resultado de estas diligencias, se incautaron importantes elementos como dinero en efectivo, armamento, municiones sin percutar y equipos computacionales. La Fiscal también destacó que la investigación continúa para identificar a otros miembros de la organización delictiva involucrada en estos hechos.
A partir de este operativo se detuvo a un hombre adulto por el delito de usurpación de terreno, incautando en general un arma larga tipo escopeta, munición de guerra y calibre 12, más de $1 millón 400 mil de dinero en efectivo, además de diversos elementos tecnológicos relevantes para la investigación.
Este operativo se origina a partir de un ataque sufrido por personal de Carabineros hace un año y medio en Loma de la Piedra, lo que motivó una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.
La Delegada Presidencial Provincial de Osorno, Claudia Pailalef, valoró el trabajo de las fuerzas policiales, destacando la importancia de estas acciones como un ejemplo del compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado.
Este procedimiento forma parte de un esfuerzo coordinado para desarticular redes delictivas y mejorar la seguridad en la región, con el objetivo de prevenir futuros hechos delictivos y asegurar que quienes cometen delitos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.